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domingo, 9 de noviembre de 2014

#9N. Más que un "Referéndum"

Resulta complicado, cuando no imposible, abordar un tema tan delicado como el de la “Consulta Catalana” sin echar un pequeño vistazo al retrovisor y fijarnos en la historia más reciente de Escocia. Una historia reciente en la que, pudiendo encontrar ejemplos de cómo poder atajar un problema creciente en nuestro país, sólo supimos encontrar un modelo ejemplar de convivencia que no hizo otra cosa que hacernos sentir cierta envidia. Envidia por tener unos gobernantes que, en vez de silenciar e ignorar las demandas de una amplia mayoría ciudadana a favor del “derecho a decidir, decidieron atajar el problema de la manera más ejemplar posible: dialogando, por la vía del consenso y dando el brazo a torcer por ambas partes y en todo momento. Envidia porque, ante un problema que guarda ciertas similitudes con el conflicto catalán, nos topamos con unos gobernantes que, “dejando a un lado” el rédito político-electoral, decidieron afrontar el problema de la mejor manera posible, estando a la altura de las circunstancias, pensando en los ciudadanos, y, sobre todo, intentando zanjar el problema para un largo periodo de tiempo dando la posibilidad a la gente de votar y expresarse libremente.

Mientras tanto, en España, nos topamos con dos partidos políticos de igual ideología pero con distinto nombre que, enrocados en unas posiciones que no hacen otra cosa que elevar el nivel de crispación ciudadana, se dedican, una y otra vez, a ondear banderas distintas acompañadas de discursos vacíos y eslóganes absurdos con la intención de desviar el foco de atención de lo que realmente les preocupa: que sus nefastas políticas económicas y sus innumerables recortes llamen mucho la atención.  Dos partidos políticos que, lejos de importarles lo más mínimo el tema de fondo, encuentran en dicho debate y confrontación un nuevo instrumento con el que distraer a gran parte de la población para poder seguir así aplicando sus “recetas” sin que nadie preste la debida atención a las mismas.

A todo ello hay que sumarle una serie de hechos y circunstancias que hicieron, hacen y harán que este tema que algunos están tratando con cierto desdén, como si fuera algo baladí, termine derivando en un problema todavía mayor:

  • 1.   Un sentimiento histórico de “Pueblo Catalán”, de nación soberana, de identidad propia, de singularidad que, sumada a un malestar social creciente en años posteriores, iría en auge de forma progresiva.
  • 2.      Una sentencia nada favorable del Tribunal Constitucional (politizado de arriba abajo) sobre el “Estatut de Catalunya” tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular.
  • 3.      Un descontento ciudadano con la política estatal y con la política autonómica (tripartito catalán) que terminaría impulsando al nacionalismo y al independentismo catalán para hacer frente a lo que la ciudadanía entendió como un “ninguneo” del Gobierno Central y de los partidos tradicionales.
  • 4.      El azote de una crisis económica junto a una aparición incesante de casos de corrupción política, a la vez que se llevaba a cabo un desmantelamiento del Estado de Bienestar y las clases medias sufrían las políticas de austeridad del Gobierno Central y el Gobierno Autonómico.
  • 5.      Una sensación de menosprecio hacia el “Pueblo Catalán” y de castigo económico y tributario por parte del Gobierno Central hacia Catalunya (“nosotros aportamos más de lo que recibimos”).
  • 6.      La crispación y el oportunismo político. Dos partidos políticos (PP-CiU) con la misma hoja de ruta en materia económica, deciden aprovecharse de un malestar creciente y ondear banderas con las que enardecer a la ciudadanía y desviar el foco de atención para que sus fracasos y recortes pasen desapercibidos.
  • 7.      Desde una óptica política conservadora y hostil en materia lingüística por parte del Gobierno Central, se lleva a cabo un ataque hacia la lengua catalana (símbolo de identidad) y se crea un conflicto lingüístico en donde antes no lo había (esa es la impresión que llega al pueblo catalán).
  • 8.      Inestabilidad política junto a unas elecciones anticipadas en las que CiU fue duramente castigado, encontrando como socio de gobierno a una ERC incoherente con su programa económico, pero con una hoja de ruta firme en cuanto a soberanía: mi apoyo a cambio de un referéndum.
  • 9.      La ausencia de un diálogo político sincero desde el minuto uno, acompañado de un sinfín de órdagos y amenazas judiciales.
  • 10.  Las innumerables campañas mediáticas de propaganda y manipulación llevada a cabo tanto por la prensa española como por la prensa catalana que, lejos de escuchar a los verdaderos protagonistas y demandantes de la consulta o referéndum (la ciudadanía), no hacen otra cosa que pervertir y degradar un concepto tan democrático como el de “derecho a decidir” hasta convertir el término “referéndum” o “consulta” en sinónimo de inevitable ruptura, secesionismo, crispación, etc.

Durante todo este tiempo, y para disgusto de determinada prensa y de los partidos políticos que hicieron de esta demanda ciudadana una causa de la que obtener rédito electoral, el número de catalanes y catalanas que se muestran a favor de la consulta fue incrementándose paulatinamente. Y no se trata sólo de independentistas, sino también de gente que defiende posturas federalistas e incluso gente que no pide otra cosa que mayor competencia dentro de un modelo territorial similar al actual.

A su vez, 911 (920 según El Diario) de los 947 ayuntamientos de Catalunya, es decir, el 96% de los ayuntamientos, fueron aprobando mociones a favor de la “Consulta Catalana”. Ayuntamientos que representan al 88% de la ciudadanía catalana, lo cual sirve como indicador del elevado número de demandantes a favor de una consulta en el territorio catalán. Ante estos hechos nos topamos con un Artur Mas que, una vez más, intentándose adueñar del sentir ciudadano, ondea su bandera y se enroca, todavía más, en el oportunismo y extremismo político, mientras que el Gobierno Central en un alarde de chulería, no hace otra cosa que lanzar órdagos, amenazar con la vía judicial y, al igual que Mas, descartar la vía del diálogo para seguir así ondeando su bandera, en este caso la de defensores de “la unidad de España”.


¿Qué salió mal?

Puede decirse que, tanto el Partido Popular como CiU, llegado el momento, perdieron el control ante la respuesta masiva por parte de los ciudadanos. Gente que, por propia convicción, decidió salir a manifestarse no solo durante la jornada de la “diada nacional”, sino a lo largo del día de hoy, movilizándose para participar incluso gente a favor del “no”, como recogen algunos medios de comunicación, y todo pese a la intentona del Gobierno Central de silenciar a la ciudadanía y pese al “extraño” proceso plagado de dudosas garantías llevado a cabo por Artur Mas.

Otro error está en la prohibición y negativa constante por parte del Tribunal Constitucional y el Gobierno de turno a la participación ciudadana. La gente, ya no solo en Catalunya sino en toda España, está demandando desde hace varios años ser escuchada. Demandan una democracia participativa, poder pronunciarse y no solo cada cuatro años. Demandan ser consultados, que su opinión sea tenida en cuenta, y la negativa por respuestas no hace otra cosa que incrementar el nivel de crispación y de malestar, cuando no, generar más independentistas como lo hacen Mariano Rajoy o Soraya Sáenz cada vez que se pronuncian sobre este tema.

Salió mal tratar a la gente como si tuvieran que ser tutelados constantemente por un Gobierno que ni tan siquiera escucha sus demandas. Salió mal el decir que el día de hoy sería “un día sin más, en el que la consulta ni era consulta ni era nada”, porque, aunque el resultado no se acate, el malestar dará paso a futuras respuestas por parte de la ciudadanía, y sólo un “kamikaze”, o en este caso Mariano Rajoy, se puede creer que el simple hecho de ignorar el problema y el resultado de la votación pondrá fin al conflicto.


¿Quiénes son los ganadores y los perdedores?

Pese a haberse equivocado y que el tema se les haya ido de las manos, de momento, puede decirse que los ganadores en todo esto son Artur Mas y Mariano Rajoy. Uno por haber llevado a cabo una “pseudoconsulta” con la que seguramente ni estaba de acuerdo pero que sirvió para no “incumplir su palabra”, y el otro por haber hecho creer a sus votantes que lo de hoy no vale de nada y el conflicto se puede dar por zanjado. Junto a eso, ambos lograron distraer a gran parte de la ciudadanía poniendo el foco de debate en algo que a ellos “ni les va ni les viene”, pero que sí les sirve para que sus “recetas” y recortes en materia social sigan viento en popa y a toda vela sin que nadie se fije en ello.

El perdedor, una vez más, es el "Pueblo Catalán". Pierde por no tener la posibilidad de ser consultado debidamente con un mínimo de garantías y de transparencia. De ser consultado bajo un “paraguas” que garantice que el proceso fue limpio, seguro y riguroso. Pierde porque el resultado sólo servirá para que Artur Mas se enroque, todavía más, en su posición mientras que, Mariano Rajoy, obviará los resultados y se enrocará en la suya. Pierde porque volverá a ser ninguneado por dos partidos políticos oportunistas que harán del resultado un nuevo debate con el que echarse piedras y distraer al personal, mientras que el malestar y la crispación ciudadana seguirán yendo a más. Y ese malestar es mayoritario, pero el foco de atención volverá a recaer en los dos oportunistas de turno.


¿Cuál es la solución?

Sin lugar a dudas, la respuesta o solución está lejos de las medidas adoptadas hasta ahora por parte del Gobierno Central, ni que decir ya de las adoptadas por Artur Mas. La solución no está en silenciar a gente ni en ningunear al pueblo catalán. La solución pasa por el diálogo, una Reforma Constitucional, la transparencia y concesión. La solución pasa por entender de una vez por todas que un territorio quiere pronunciarse, ser consultado, y en base a la respuesta tomar ciertas decisiones. Entender de una vez por todas, que la gente quiere participar; quiere elegir democráticamente su futuro, su devenir. La gente está harta de que otros tomen las decisiones y sean, precisamente, los mismos que los ningunean, copan portadas día sí día también por casos de corrupción y los que recortan en prestaciones sociales o bienestar. 

Negar alto tan democrático como lo es el poder votar y expresarse libremente, no hará otra cosa que despertar el rechazo ciudadano y el auge de posicionamientos extremos. Cuanto más se castiga al pueblo catalán más crece el malestar y más escaños gana, por poner un ejemplo, ERC. Por supuesto el auge de un partido político no tiene por qué ser malo, pero si ese resultado se debe a que con su victoria se van a llevar a cabo medidas más radicales que garanticen que la población pueda pronunciarse, entonces el problema no hará otra cosa que seguir aumentando, y esto servirá como indicador manifiesto de que el problema no estaba ni mucho menos zanjado, como pretende hacernos creer ahora Mariano Rajoy.

Que tres partidos políticos (PSC-PSOE, PP y CiU) hayan esperado hasta el último momento para ponerse a dialogar de verdad, demuestra que no están entendiendo nada. Y más si lo que se pretendía en la mesa de negociación era decidir "el todo" a tres bandas en vez de encontrar un cauce legal en el que hubiera cabida al pronunciamiento ciudadano.

Precisamente hoy, que se celebra la caída del Muro de Berlín, nos toparemos con gente que calificará el “derecho a decidir” como una intentona de levantar un nuevo muro, esta vez en España, cuando no es así. El muro no lo levanta una consulta ciudadana ni un referéndum consultivo; el muro lo levantan las políticas erróneas de dos gobiernos que no están dispuestos a dialogar y que impiden con ello la participación ciudadana. Votar no es un delito y mucho menos un crimen, pero el problema es que en este país, desde el minuto uno, se está intentando implantar cierta relación de semejanza o sinonimia entre la palabra consulta y la palabra ruptura, cuando no es así. Una consulta es sinónimo de participación y democracia. El independentismo si guarda cierta relación con la ruptura, pero el hecho de votar en sí mismo no, y aquí lo que se está debatiendo es sí un país tiene derecho a consultar a sus ciudadanos/as, y la respuesta mayoritaria es sí. El muro se levanta cuando a la inmensa mayoría se le impide pronunciarse, otra cosa bien distinta es lo que respondan una vez se pronuncien. 

A mayores, cabe añadir que, en momentos de desesperanza, tener un horizonte ilusionante, aunque sea con “fe religiosa”, está siendo clave, y ese horizonte ilusionante lo están encontrando a través de sus propias decisiones, a través de la participación ciudadana. 

Hoy no solo se vota un una “pseudoconsulta” o referéndum, hoy se sale a la calle, una vez más, para dejar claro que la gente está demandando participar y ser escuchada, y si esto no se entiende de una vez por todas, el problema se agravará.
Hoy no se sale a la calle porque lo haya pedido Artur Mas, hoy se sale a la calle porque así lo quiso el "Pueblo Catalán", sea cual sea el resultado final de la votación.

7 comentarios:

  1. Distancia. Dado que ha pasado un año desde la publicación de este artículo centrado en la consulta del 9 de noviembre de 2014 podemos afirmar que cumplimos, siquiera mínimamente, con éste uno de los requisitos indispensables para el análisis de cualquier acontecimiento histórico: el análisis desde la distancia. Asumiendo como asumo que compartes conmigo la idea de que la Historia es mera opinión y que, por lo tanto, resultando indiferente la posición que en ella o frente a ella ocupemos, la distancia no supone una subjetivización de las visiones y sí, al menos, neutraliza los ánimos, pero reconociendo igualmente el excesivo tiempo que se ha tomado mi respuesta, espero honestamente que la virtuosa distancia compense al vicio de la tardanza e impida que este comentario sea calificado de extemporáneo, impertinente o simplemente inútil. Si a alguien ha de culparse, que sea a la red y a su capacidad ilimitada de almacenamiento. A ella, y a mi igualmente ilimitada curiosidad.
    Espero asimismo que la más que probable extemporaneidad se vea atemperada por el hecho de que el conflicto catalán siga plenamente vigente y, más importante todavía, porque mis comentarios girarán entorno a una cuestión directamente relacionada con el mismo pero absolutamente independiente: el Tribunal Constitucional.

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  2. Son dos las alusiones que en tu artículo realizas al mismo. En primer lugar, identificas la sentencia sobre el Estatuto catalán como uno de los hechos o circunstancias que han agravado la cuestión catalana, calificando la propia sentencia de nada favorable y al Tribunal mismo de órgano politizado de arriba a abajo. No se precisa de una excesiva perspicacia para entender que acusas al Tribunal de haber anulado preceptos del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán por razones estrictamente políticas o ideológicas y no conforme a criterios de mayor o menor acomodo al texto constitucional. Es decir, acotando la cuestión, censuras el procedimiento de designación de los miembros del Tribunal Constitucional.
    Convengo contigo en que el Tribunal Constitucional es un órgano politizado. Sus miembros, si bien nombrados por el Rey, son designados por el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. En tanto que es el Congreso, cuya mayoría coincide normalmente con la arquitectura del Senado, el que inviste y dota de confianza al Presidente del Gobierno y son los propios Congreso y Senado los que nombran a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, podemos afirmar que la composición del Constitucional responde a la mayoría existente en el Congreso en cada momento, de manera que indudablemente es un órgano politizado. No obstante, ello no implica que un cambio político tenga su influencia inmediata en el Tribunal. Y es que los magistrados del Constitucional asumen un mandato de 9 años pero no se renueva en bloque sino que lo hace por terceras partes cada tres años, permitiendo con esto que se mantenga en el seno del Tribunal al menos una parte de la corriente ideológica de la mayoría existente en una determinada legislatura, sin que esta se esfume simplemente con un vuelco electoral. Es decir, se trata de mantener en la legislatura siguiente, momento en el que el Constitucional emite sus sentencias, la corriente ideológica de la norma a examinar. Esto permite, por ejemplo, que una ley como perfectamente podría haber sido la del matrimonio homosexual sea analizada por siquiera algún magistrado nombrado en el momento mismo de la aprobación de la norma.

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  3. Estarás de acuerdo conmigo en que la arquitectura del Constitucional es hasta aquí impecable. Pero vayamos ahora a su (para muchos intolerable) politización. Para ello recordemos cuáles son las funciones de este órgano. Sin ánimo de exhaustividad, el Constitucional se encarga de resolver los recursos de amparo, recursos y cuestiones de inconstitucionalidad contra normas con fuerza de ley, conflictos en defensa de la autonomía local y de los conflictos de competencia. Todo ello utilizando como parámetro exclusivo la Constitución y las normas que forman parte del denominado bloque de constitucionalidad (Estatutos, leyes orgánicas, tratados internacionales, etc). Es decir, tomando como base el texto constitucional y otras normas básicas, el Constitucional se encarga de la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los ciudadanos, de la armonización de las diferentes estructuras del Estado en el ejercicio de sus funciones y, en lo que aquí más nos interesa, de medir el acomodo de las disposiciones normativas con fuerza de ley al propio texto constitucional. Esta última función encomendada al Tribunal, ya de por sí importante, muestra su relevancia capital si le añadimos una característica: que la ejerce con exclusividad.
    El Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución y el máximo garante de su cumplimiento. Más allá de su potestad para declarar la nulidad de una norma la relevancia de su actuación se maximiza en su función interpretativa del texto fundamental. Las constituciones son normas rígidas que, pese a los mecanismos de reforma que ellas mismas pueden articular, devienen reacias a la evolución. Esta característica, unida a la peculiar oscuridad plenamente justificada por el momento de su aprobación que en ciertos preceptos presenta la española del 78, hace que la función interpretativa alcance una mayor dimensión. No sólo se encarga el TC de dar luz allá donde hay oscuridad sino de permitir el avance o la evolución de la Constitución adaptándose así a la realidad de cada momento. Pensemos en el encaje del aborto en el artículo 15 CE y del extraordinario razonamiento realizado por el Tribunal. O de una utopía, ¿sería convalidada la ley del matrimonio homosexual en 1980?

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  4. Analizada la primordial e insustituible función del TC en la arquitectura del Estado, ¿puede ésta dejarse sin más en manos del poder político? La respuesta es sí, indudablemente. Y el razonamiento se encuentra en la propia Constitución del 78, en particular en el artículo 2 que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español.
    Este precepto, que para muchos tiene un carácter meramente nominal o de simple declaración de intenciones, se ha convertido en la piedra angular sobre el que se ha articulado la maquinaria administrativa y constitucional española. Los ciudadanos eligen a sus representantes y estos elaboran las normas que serán de obligado cumplimiento para todos, poderes públicos y ciudadanos, y finalmente ejecutadas y desarrolladas por el Gobierno, elegido por las Cortes. Esta afirmación se vería adulterada si la función de interpretar las normas, recordemos, con la posibilidad de anularlas, se la entregamos a un órgano cuyos miembros no sean elegidos cumpliendo escrupulosamente la soberanía popular, es decir, a un órgano cuya composición no represente, directa o indirectamente, el sentir social en cada momento. Todo ello implica que el supremo intérprete de la Constitución, de acuerdo con el principio de la soberanía popular, sólo puede ser elegido, o bien por un Parlamento democrático o bien directamente por los ciudadanos. Cualquier otra alternativa, como la designación de jueces y magistrados independientes pertenecientes a la carrera judicial, es contraria al principio democrático y altamente indeseable. El Tribunal Constitucional, como cualquier otro órgano, debe ser evidentemente independiente en su actuación evitando que sea corregido por otros poderes, pero representativo.
    Los únicos poderes que se sustraen al cumplimiento de tal principio y por tanto atentan contra nuestra soberanía popular son el Poder Judicial (con la salvedad del Tribunal del Jurado) y la Corona. Es ahí donde debemos centrar nuestro objetivos y exigir una mayor participación, en el primer caso, y su eliminación, en el segundo.

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  5. Y sin más, un saludo. Te sigo leyendo, con tardanza o sin ella

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  6. Le escribo para disculparme por no haberle respondido todavía en tiempo y forma.
    Creo que su comentario se merece una buena respuesta y la debida atención, por eso ruego que me disculpe unos días (menos de una semana) hasta que disponga de tiempo suficiente como para leer y responder en condiciones. Creo que es lo mínimo que debo hacer ante tan buen comentario.
    Ante todo le anticipio mi agradecimiento por su paciencia y por haberse dejado caer por mi humilde blog :-) Gracias!!!

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  7. Pese a la volatilidad de las opiniones políticas y la rapidez con la que hoy en día llegan y se van las noticias, creemos sólo por un momento la ficción de que lo manifestado el día 21/12/2015 tiene la condición de perdurable. Esta foto fija, más allá de la mayor o menor confianza que cada uno de nosotros tenga en la gobernabilidad del país, ha dejado un titular claro que tiene sus efectos en todo lo aquí planteado. Podríamos resumirlo de la siguiente forma: Podemos supedita un posible acuerdo o, al menos, un posible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez al cumplimiento de cinco condiciones irrenunciables: reforma electoral, blindaje de los derechos sociales, puertas giratorias, derecho a decidir e independencia del Poder Judicial.
    Dejando por sentado que no está en manos del PSOE el garantizar la aprobación de ninguna de estas condiciones, dada la mayoría reforzada que se requiere para la reforma constitucional, con la salvedad (quizás) de las puertas giratorias, y sin entrar a valorar la bondad o maldad de cada una de estas condiciones, son dos, el derecho a decidir y la independencia del Poder Judicial, las directamente relacionadas con tu post. Y ello si entendemos como entiendo que Pablo Iglesias incluye, quizás por simple comodidad dialéctica, al Tribunal Constitucional dentro del Poder Judicial o si, por el contrario, nos encontremos frente a una definición estricta que dejaría a éste fuera de las condiciones para el pacto, opción esta última que descarto por improbable. A los políticos podemos exigirles el cumplimiento de su programa pero no así un rigor dialéctico, siquiera mínimo.
    Permíteme realizar una sucinta valoración de todo ello, a expensas de tu posible respuesta. ¿No resulta paradójico que el partido político que en los últimos tiempos ha tratado de abanderar la transparencia y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos defienda la independencia de uno de los tres poderes del Estado? Planteada la cuestión de otra forma, ¿cuándo y por qué erróneo motivo se ha instalado en la izquierda la creencia de que un Poder Judicial independiente es más conveniente? La Justicia, como reza nuestra Constitución, emana del pueblo. Como acreedor del verdadero soberano, el Poder Judicial debe ser representativo de las ideas y opiniones que en cada momento existan en la sociedad.
    Con respecto al derecho a decidir... como buen gallego me reservo la opinión... para otro día.
    Un saludo

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